Con la firma del Protocolo de Kyoto, el gobierno español se comprometió a que las emisiones nacionales en 2012 no aumentaran más que el 15 % comparado con los niveles de 1990. Sabemos que hoy las emisiones del estado español han aumentado un 52% desde el año 1990, es decir un 37% más de lo que se comprometieron, y éstas siguen aumentando.
Para cumplir con su compromiso el Gobierno Español se verá obligado a comprar unos 300 millones de ton de CO2 gastando al menos 3000 millones de € de todas nosotras y nosotros.
Que las emisiones hayan aumentado de este modo supone un triple coste:
1- El haber seguido contribuyendo a agravar el cambio climático de manera muy poco responsable.
2- Los costes monetarios de la compra de créditos de carbono para cumplir con Kyoto, recurriendo a la inversión en los controvertidos Mecanismos de Desarrollo Limpio.
3- El haber retardado el esfuerzo que supone la reducción de emisiones, forzando a que los cambios en los próximos años deban ser mucho más rápidos corriendo el riesgo de que se hagan demasiado tarde.
Todo el mundo puede cambiar sus hábitos cotidianos y contribuir a reducir sus emisiones.Pero es el gobierno central, con el apoyo de los gobiernos autonómicos y regionales, quien puede impulsar las políticas que de verdad pongan freno a las emisiones. Necesitamos que el gobierno actúe ya.
Muchos políticos/as se muestran contrarios a tomar decisiones a largo plazo si pueden poner en riesgo sus posibilidades electorales. Por eso necesitamos una ley del clima que fije reducciones anuales y que obligue a los responsables políticos en cada legislatura a cumplir los objetivos de reducción. Solo así nos aseguraremos de que los gobiernos sucesivos asumen la responsabilidad y se toman las medidas oportunas para solucionar el cambio climático, como conducir una drástica reducción del consumo y promover las energías provenientes de fuentes renovables como el sol, el viento o las olas.